Al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) le ha
correspondido también, promover modificaciones negativas en el plano
legislativo. En el terreno constitucional, la relativa al párrafo cuarto del
artículo 28 para suprimir del listado de áreas estratégicas, la comunicación
vía satelital y los ferrocarriles, para incluirlas sólo como prioritarias, con
el objetivo de permitir la participación del capital privado en ellas
o de plano, para entregárselas totalmente. En las llamadas de carácter
secundario, para modificar la Ley del Seguro Social con el propósito de crear
las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y a fines de marzo de
1997, la relativa a la legislación financiera y bancaria, entre otras cosas, para
permitir que el capital extranjero pueda detentar el control de los bancos que
tengan un capital contable mayor al 6 por ciento del total nacional de la banca
mexicana. En esa situación se encuentran tres bancos que concentran, en
conjunto, el 56.8 por ciento de ese capital: Banamex con el 25.9 por
ciento; Bancomer con el 21.6 por ciento y Serfín con el 9.3 por
ciento. Esta propuesta representa un retroceso de más de 30 años, ya
que en 1965 fue el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el que propuso medidas legislativas
para impedir que la banca mexicana pudiera subordinarse o quedar controlada por
el exterior, de que el capital extranjero, a través de la banca, se convirtiera
en un factor determinante de la política económica del país.
El sexenio de Ernesto Zedillo, se puede caracterizar por su incapacidad para
llevar a cabo aspectos fundamentales de su proyecto. Propuso convertir su
propuesta económica en política económica de Estado, pero jamás pudo lograr el
consenso con las otras fuerzas políticas para modificar el marco legal
constitucional, necesario para tal fin.
Se comprometió con el capital financiero internacional a privatizar
la petroquímica. El rechazo de diversos sectores de la sociedad:
investigadores, académicos, partidos políticos, organizaciones sociales y el
propio sindicato de Pemex, obligaron al gobierno a dar marcha atrás en la
privatización de las 61 plantas petroquímicas.
Lo mismo sucedió con la industria eléctrica, la que hasta el momento,
por la actitud asumida por el Sindicato Mexicano de Electricistas y numerosos
sectores de la sociedad, incluyendo destacados militantes del PRI, no se ha
podido realizar la operación. Además, Zedillo como candidato, se planteó como
retos, lo que ahora podemos afirmar que son propuestas incumplidas, cuando
menos, las siguientes:
1.- Crear un promedio anual de un millón de empleos. A pesar deque
el gobierno afirma haber creado 2.5 millones de empleos en su sexenio, a ello
habría que restarle las centenas de miles de empleos perdidos en 1995 debido a
la crisis de inicio de mandato. Esta meta no pudo lograrse, no se llegó ni
siquiera al 50 por ciento de lo prometido y como consecuencia el desempleo
siguió creciendo durante su mandato.
2.- Pasar de la estabilidad y el ajuste estructural, a una decidida
política de fomento a la inversión y crecimiento económico a una tasa superior
al 5 por ciento durante el sexenio. En 1995 el PIB cayó 6.2 por ciento y aunque
en los siguientes años creció, cada vez lo hace a tasas menores, por lo que la
tasa del 5 por ciento no podrá lograrse.
3.- Lograr una mejor educación y mejores servicios de salud para
que los trabajadores sean más productivos y estén mejor remunerados. La
Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima institución educativa del
país, llevaba más de seis meses en paro por lo que miles de estudiantes
perdieron un semestre y estuvieron en riesgo de perder otro. Las
modificaciones a la Ley del Seguro Social tienen a limitar la atención médica a
los sectores de menores ingresos.
4.- Poner al fisco al servicio de los contribuyentes a través de un
órgano descentralizado, moderno y autónomo, que sea la autoridad fiscal
encargada de ejecutar las leyes fiscales, recaudar y cobrar los impuestos. A
escasos meses de concluir su mandato, ni siquiera existe una propuesta
legislativa al respecto.
5.- Establecer la tasa de interés de un dígito. Las tasas de
interés están todavía por arriba del 20 por ciento.
6.-Estimular una competencia más intensa en el sistema financiero y
extender los beneficios del fondeo a largo plazo de la banca de desarrollo a
las pequeñas y medianas empresas; impulsar el surgimiento de instituciones
financieras locales que canalicen recursos de la banca de desarrollo y
promuevan el ahorro popular; promover nuevos mecanismos institucionales y
operativos para que el crédito llegue al campo con oportunidad y a bajo precio;
y darle impulso a un mercado secundario de créditos hipotecarios que canalice
más recursos a la construcción de vivienda. -El sistema bancario entró en
crisis y la respuesta del gobierno ha sido la de entregar a los banqueros
apoyos a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) primero y
del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab) después, por un monto
mayor a los 700, 000 millones de pesos. Solamente ese año, del presupuesto federal,
más de 50 mil millones de pesos serian utilizados para pagar parte de la deuda
que, violando la Constitución, solicitó el gobierno para rescatar a banqueros
y empresarios corruptos.
7.- Lograr una mayor desregulación la que se extenderá a todos los sectores
de la actividad económica, reduciendo barreras de entrada, eliminando ventajas
y fijando reglas claras, a través del establecimiento de mecanismos de
coordinación con estados y municipios en torno al transporte y al uso del
suelo, para abrir nuevas oportunidades para pequeños y medianos empresarios y
comerciantes atrapados en regulaciones caprichosas y obsoletas y de promover
reformas legales para que concesiones y servicios públicos sean otorgados con
criterios de eficiencia, para fomentar activamente la política de competencia.
Jamás hubo intentos de realizar algo al respecto.
8.- Lograr una mayor participación de los particulares en la
construcción y operación de la red carretera. El gobierno tuvo que entrar al
rescate de los empresarios ineficientes que invirtieron en la
construcción de carreteras en el sexenio anterior, lo que también fue pagado
con recursos públicos. No hubo nuevos proyectos de particulares en el ramo.
9.- Realizar una profunda transformación de la estructura
ferroviaria para modernizar el comercio interior y reducir costos de
importaciones y exportaciones; y en las telecomunicaciones, lograr su
modernización y una vigorosa competencia en el sector. En el primer caso la
modernización no se dio y a duras penas ha podido privatizar algunas
ramas ferroviarias. En el segundo caso sí se modernizó pero no hubo
competencia, el capital monopólico se apropió de ese sector.
10.- Consolidar y perfeccionar Procampo, dar prioridad al
desarrollo de la infraestructura; y, acabar con el intermediarismo excesivo. Procampo ha
sido utilizado con fines electoreros, no hay importantes inversiones en
infraestructura y el intermediarismo sigue creciendo con el consiguiente
incremento de los precios de los productos agrícolas.
11.- Establecer un nuevo federalismo en lo fiscal y transferencia
de facultades, autoridad, atribuciones y recursos, a estados y municipios, y
genuina división de poderes. No hubo modificaciones legales ni medidas
concretas en materia fiscal, ni para asegurar un nuevo federalismo, ni mucho
menos para lograr una adecuada división de poderes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario