En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el proyecto
neoliberal se fue profundizando y se plantearon ya con más claridad los
principales postulados de la política económica gubernamental y se fue
definiendo con mayor descaro el rumbo antinacional y antipopular.
Carlos Salinas vendió empresas del Estado con el argumento de que había
que vender bienes para remediar males, que con los ingresos provenientes de esa
venta, se resolverían problemas fundamentales para el pueblo: agua potable,
drenaje, alcantarillado, vivienda, etc.
Sin embargo, es muy significativo que el monto obtenido por el gobierno
de Salinas de Gortari por la venta de empresas, que fue de 64 mil millones 894
mil 306 pesos, o lo que es lo mismo, un poco más de 20 mil millones de dólares,
era una cifra equiparable a lo que México había pagado por intereses de la
deuda externa.
Lo anterior refleja que el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol),
creado durante ese sexenio y que supuestamente tenía el propósito de resolver
los problemas más lacerantes de los sectores más desprotegidos dela sociedad,
como decía la propaganda oficial, fue solamente una nueva forma para engañar a
los mexicanos. El propósito de esa política publicitaria era el de evitar
que el pueblo protestara por la política privatizadora de los bienes de la
nación; fue una estrategia bien montada para hacerle creer que en verdad, lo
obtenido por la venta de las empresas era para resolver los problemas de la
población de menores recursos, que era para ayudar a los que menos tienen.
Era evidente que a pesar de que Salinas de Gortari, seguía aplicando el
mismo proyecto que Miguel de la Madrid, lo estaba haciendo con mayor
profundidad. Ahora ya no se trataba de un Estado obeso e ineficiente, sino
de la aplicación de un proyecto denominado por el propio Salinas como
liberalismo social que trataba de hacernos creer que recogía lo mejor de
nuestra historia: el liberalismo de la época de Juárez y el contenido social de
la Revolución Mexicana de 1910. Sin embargo, el análisis de los postulados de
ese proyecto remitía necesariamente a las tesis en boga en materia económica,
las tesis impulsadas por los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher en
Inglaterra y de Ronald Reagan en los Estados Unidos: el neoliberalismo.
Al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en materia de reformas
jurídicas de carácter económico, le correspondió promover las constitucionales
al artículo 27 para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y
propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas nacionales y
extranjeros; y al artículo 28 para dar autonomía al Banco de México.
Por lo que respecta a la autonomía del Banco de México, esta decisión se
produjo involucrando aspectos económicos, pero también políticos, ya que le
permitió al gobierno de Salinas dejar por varios años al frente de dicha
institución a un funcionario quecompartía su política monetaria y
crediticia, y a través de esa designación pretendía influir en la marcha de la
economía del país.
Adicionalmente, la autonomía del Banco de México, puede ser utilizada
como un poder paralelo, en el caso de que en el año 2000 o posteriormente, el
titular del Poder Ejecutivo federal provenga de un una corriente contraria a la
que actualmente gobierna, sobre todo si pretende modificar aspectos esenciales
de la política económica neoliberal que estén vinculados a la política
monetaria o crediticia.
En cuanto a las leyes secundarias, impulsó modificaciones a casi todas
ellas, para suprimir el derecho del Estado y de algunos sectores como el de las
cooperativas, para actuar en forma exclusiva en ciertas actividades económicas;
para abrir las puertas a fin de que el capital extranjero pudiera participar en
esas áreas y, en general, para desregular la actividad económica en favor de
los intereses del gran capital.
Otra medida legislativa, consistió en convertir a #Pemex en una empresa
controladora de varias empresas, que a partir de la modificación legal se
llaman, Pemex petroquímica, Pemex exploración, etc. Este mecanismo lo establecieron
para poder apartar Pemex Petroquímica y así poderla vender. Además,
pretenden hacerle creer a la opinión pública que apartar esta empresa y
venderla al capital privado, inclusive al capital extranjero, no significa
atentar contra Petróleos Mexicanos, ni contra el país, ni contra la historia,ni
contra los objetivos que se propuso la nacionalización de 1938.
Por lo que respecta a los reglamentos que corresponde modificar al
titular del Poder Ejecutivo federal aplicó la misma política y continuó con los
cambios iniciados por el gobierno anterior para suprimir de la relación de
productos petroquímicos básicos la gran mayoría de éstos, convirtiendo a través
de un decreto a decenas de ellos en secundarios y reduciéndolos finalmente a
ocho.
De esa manera se abrieron los cauces para iniciar el proceso
privatizador de la industria petroquímica y de Petróleos Mexicanos.
También realizó modificaciones en materia de inversiones extranjeras,
primero al reglamento y después a la Ley correspondiente, con la finalidad de
suprimir la prohibición para que los extranjeros puedan participaron un capital
mayor al 49 por ciento en las empresas.
Durante este sexenio también se suscribió del Tratado de Libre Comercio
con Canadá y los Estados Unidos lo que representa no sólo un acuerdo comercial
para suprimir barreras arancelarias, sino el inicio de una política de
integración subordinada al imperialismonorteamericano.
Dicho tratado no es algo que surja de la dinámica misma del crecimiento
o del desarrollo de nuestra economía, sino que nos fue impuesta desde el
exterior. Ello fue posible porque se contó con la complicidad de los
funcionarios que comparten las tesis ideológicas del neoliberalismo y que
ocupan los principales cargos gubernamentales desde 1982.
Al amparo de los objetivos y compromisos adquiridos con la suscripción
del TLC, se modificaron muchas leyes y se tomaron importantes decisiones que
resultaron contrarias al interés nacional y al de diversos sectores como el de
la micro, pequeña y mediana industria, el agrícola y el laboral, ya que los
empresarios y productores mexicanos fueron puestos en clara desventaja frente
a los monopolios del exterior y los trabajadores resintieron los efectos de una
política gubernamental, que apartándose de la ley, aplicó medidas para
favorecer los requerimientos del capital financiero internacional. No importó
en ningún momento, que para aplicar esa política antinacional y antipopular, se
tuviera que actuar, inclusive, en oposición flagrante a lo establecido por las
normas constitucionales de nuestro país.
Uno de los ejemplos más claros de modificaciones anticonstitucionales a
la legislación del país, es el relativo a la Ley de Energía. Inicialmente se
incluyó en el texto del TLC, la figura de los productores independientes,
posteriormente, esa figura fue incluida en la Ley de Energía, aunque en ambos
casos era contraria a lo establecido en la parte final del párrafo sexto del
artículo 27 de la Carta Magna que señala que"Corresponde exclusivamente a
la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía
eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público."
El TLC, que profundizó la apertura comercial iniciada en el sexenio
anterior; la privatización de grandes y productivas empresas estatales como los
bancos y la telefonía; y, la entrada en grandes proporciones de inversión
extranjera, gran parte de ella de cartera, fueron los ejes centrales de la
política del sexenio de Carlos Salinas. A partir de ella, prometió un
crecimiento sostenido de la economía del 6 por ciento y reducir la inflación
aun dígito, porcentaje semejante a los que tiene los otros integrantes del
Tratado: Estados Unidos y Canadá.
Los resultados tampoco fueron los prometidos; se continuó incrementando,
aunque en menor proporción, la deuda externa pública y total, la
inflación creció 15.9 por ciento de promedio anual; el Producto Interno Bruto
creció aproximadamente el 3 por ciento en promedio en el sexenio y el salario
mínimo real siguió perdiendo parte de su poder adquisitivo, en este caso casi
el 24 por ciento durante el sexenio, es decir, que en 12 años había perdido
cerca del 66 por ciento.
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